El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy, en una declaración institucional, que el Consejo de Ministros se reunirá mañana con carácter extraordinario para acordar el estado de alarma en toda España durante un máximo de quince días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.2 de la Constitución y para contener la expansión de la Pandemia del coronavirus.

.

Sánchez ha afirmado que el Estado contará así con instrumentos excepcionales para actuar con agilidad y contundencia y proteger mejor la salud de la ciudadanía, a la que ha pedido cumplir a rajatabla las indicaciones de los expertos y colaborar unida para vencer al virus.

“Estamos solo en la primera fase del combate contra el virus. Nos esperan semanas muy duras. No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana”, ha dicho el presidente.

El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, permitiría al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en varios supuestos, entre los que se encuentran las “epidemias y situaciones de contaminación graves”.

Este estado, previsto para cuando las circunstancias hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles “servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza”.

La declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de excepción y sitio, no afecta, en principio, a la vigencia de los derechos fundamentales —como la libertad de expresión o de prensa, o la libertad de manifestación—. Sin embargo, sí permite al Gobierno “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados”.

El estado de alarma se ha aplicado hasta ahora una sola vez en la reciente historia democrática. Fue en diciembre de 2010 cuando el Consejo de Ministros militarizó las torres de control aéreo tras el abandono de su puesto de trabajo por parte de los controladores civiles, que realizaron una huelga encubierta con bajas médicas masivas.