Gobierno aprueba un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado hoy el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario para reforzar los derechos, la protección y la participación del alumnado.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que “con esta actualización, España da un paso adelante para adaptar el marco de derechos y deberes del estudiantado a los desafíos actuales de la universidad y de la sociedad, con garantías más concretas en ámbitos que han ganado importancia en los últimos años como, por ejemplo, la inteligencia artificial o el ciberacoso”.

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El proyecto de Real Decreto supone una actualización del Estatuto de 2010 y desarrolla los derechos y deberes reconocidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. La propuesta sitúa en el centro la participación, el bienestar, la inclusión y la calidad de la formación universitaria, con el objetivo de que el estudiantado sea parte activa de las decisiones que le afectan y de la comunidad universitaria.

El texto se ha acordado con la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con los y las representantes estudiantiles del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP).

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Reconocimiento expreso del derecho al paro académico

Una de las principales novedades del proyecto es el reconocimiento expreso del derecho al paro académico, que podrá ser total o parcial. Las universidades deberán regular las condiciones y los procedimientos para ejercerlo, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación.

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Además, se refuerza el derecho del alumnado a participar en los órganos de gobierno y representación, en los procesos de elección y en la elaboración de las normas que le afectan. El proyecto también impulsa el acceso a la información y los mecanismos de seguimiento y evaluación, desde el principio de corresponsabilidad del estudiantado en la comunidad universitaria.

La salud mental y la prevención del acoso, entre las prioridades

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El proyecto reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental, gratuita y accesible. También prevé que las universidades dispongan de unidades de apoyo y protocolos de prevención, actuación e intervención ante conductas suicidas.

En materia de protección, contempla protocolos específicos frente al acoso y el ciberacoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal o bullying. De esta manera, refuerza los principios de igualdad, inclusión y no discriminación.

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Más igualdad de oportunidades e inclusión

El nuevo Estatuto reconoce el derecho a compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar. Para ello, prevé que las universidades avancen en planes de conciliación y contempla medidas adaptadas a las posibilidades organizativas de cada institución, como los estudios oficiales a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios, conforme a la normativa universitaria.

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También refuerza los derechos a la adaptación curricular, el apoyo educativo y la accesibilidad para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo y dificultades de aprendizaje.

El proyecto amplía expresamente su ámbito de aplicación a universidades públicas y privadas, centros adscritos y formación permanente, con independencia de la modalidad docente.

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Más transparencia y garantías en la formación

El proyecto refuerza el derecho del estudiantado a conocer los planes docentes antes de que se abra el plazo de matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, modalidad, prácticas y evaluación.

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Asimismo, establece garantías frente a cambios en los criterios de evaluación una vez iniciada la docencia y cerrada la matrícula, salvo mediante el procedimiento previsto y debidamente justificado. También concreta derechos relacionados con las prácticas académicas, la supervisión universitaria y la tutela y orientación de los trabajos de fin de grado y de máster.

En el ámbito de la orientación profesional, reconoce el derecho al asesoramiento socioprofesional y a recibir información sobre las oportunidades laborales vinculadas a los estudios.

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En cuanto a la movilidad, prevé mecanismos de información, orientación y financiación, con atención especial a las desigualdades socioeconómicas y a la discapacidad.

El texto refuerza, además, los principios de equidad y transparencia en las becas y ayudas, la consideración de la situación socioeconómica, la portabilidad de las becas estatales en todo el territorio nacional y el acceso a servicios universitarios accesibles y de calidad.

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Universidad digital

El proyecto incorpora garantías relacionadas con la seguridad de los medios digitales, los derechos fundamentales en Internet, la protección de datos y el reconocimiento de la autoría y la propiedad intelectual de los trabajos académicos.

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También contempla el derecho a la desconexión digital, con excepciones para comunicaciones extraordinarias, como cambios urgentes de exámenes o alertas. En materia de integridad académica, recoge entre los deberes del estudiantado abstenerse de procedimientos fraudulentos en pruebas y trabajos, especialmente del uso inapropiado de inteligencia artificial generativa y otras tecnologías.

Otras novedades relevantes

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El Estatuto incluye, asimismo, garantías específicas para los estudios de doctorado, vinculadas a la formación investigadora de calidad, la tutoría y supervisión de la tesis por personal con experiencia acreditada, el desarrollo de la carrera investigadora, la movilidad, la propiedad intelectual y la participación en la evaluación de los programas.

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