Nuevo Imparcial.- El Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, se ha defendido de la “campaña de persecución” que, a su juicio, ha emprendido la Fiscalía de Medio Ambiente contra el Ayuntamiento de la localidad y que está paralizando el normal funcionamiento del Consistorio y la resolución cotidiana de los problemas de los vecinos.
“En estos momentos, en la Fiscalía de Madrid hay en torno a 40 expedientes de casos urbanísticos requeridos por el Ministerio Público, algo que creo que es inaudito, que no ocurre en ningún otro Ayuntamiento de este país y que no tiene razón de ser. No entendemos el empeño y la insistencia de la Fiscalía de Medio Ambiente de solicitar un día sí y otro también expedientes y expedientes urbanísticos de hace más de diez años, resueltos y cerrados normalmente en su momento”, ha explicado el Regidor colmenareño.
“Estamos viviendo una situación desesperante y es muy importante que los vecinos lo sepan porque esta actitud de la Fiscalía de Medio Ambiente está provocando el colapso de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que prácticamente dedican todo su trabajo a buscar, recopilar y remitir a la Fiscalía los expedientes que nos están solicitando continuamente. No entendemos y no damos crédito a lo que está ocurriendo: que una o varias personas continúen haciendo llegar denuncias anónimas a la Fiscalía y ésta, en base a ellas, siga pidiendo expedientes y expedientes al Ayuntamiento habiendo admitido ya la propia Fiscalía que cada una de ellas no tienen consistencia penal pero, al mismo tiempo, alegando que es un presunto delito continuado de prevaricación urbanística”, mantiene el Alcalde.
En este sentido, Miguel Ángel Santamaría ha vuelto a defender su inocencia ante ese presunto delito continuado de prevaricación urbanística del que le acusa la Fiscalía de Medio Ambiente destacando que “si de algo se me puede acusar es de ayudar a los vecinos a resolver sus problemas que es para lo que me eligieron Alcalde de Colmenar Viejo”.
En rueda de prensa, Santamaría ha insistido en que “nunca se ha cometido un delito porque en todos los casos ahora motivo de litigio se ha actuado conforme a Derecho y siguiendo una sentencia que sentó precedentes en este Ayuntamiento hace ahora diez años”.
El caso al que ha aludido el Regidor colmenareño data de 2006. En febrero de ese año el Ayuntamiento de Colmenar Viejo denegó a un vecino una Licencia de Primera Ocupación (LPO) porque los informes de los técnicos municipales eran desfavorables dado que las obras que había hecho el vecino no se ajustaban al proyecto y, entre otras cosas, la altura de la vivienda construida era mayor que lo establecido en la normativa (en el punto medio era de 7,43 m cuando la normativa establecía que no debía ser mayor a 7 m). La solución que daban los técnicos era demoler la vivienda.
El vecino recurrió y un Juzgado de lo Contencioso Administrativo anuló la decisión del Ayuntamiento por no ser conforme a Derecho, condenando al Consistorio a conceder la licencia al vecino. El razonamiento que dio el Juzgado para condenar al Ayuntamiento es que tenía que haber aplicado el denominado principio de proporcionalidad, que dice que las medidas que deba tomar una Administración no deben ser desproporcionadas o excesivas respecto a la infracción cometida o a la repercusión o efecto urbanístico de tal infracción.
Dicho de otro modo: por el hecho haber construido la vivienda 43 cm más alta de lo fijado en la normativa el Ayuntamiento no podía ordenar su demolición porque eso era una medida desproporcionada. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y este tribunal desestimó ese recurso por los mismos motivos.
“Esto demuestra que las LPO por las que se nos juzga ahora no son contrarias a Derecho porque no es contraria a Derecho aquella sentencia ni, por tanto, otorgar una LPO existiendo informes técnicos desfavorables. Así lo dijo un Juzgado de los Contencioso Administrativo, el TSJM e incluso el Tribunal Supremo, en el que se apoyaron en aquel momento los dos anteriores”, ha explicado el Alcalde.
A este respecto, el Regidor ha recordado también que ya en 2003 la Fiscalía de Medio Ambiente se interesó por expedientes similares a los ahora denunciados y fue el propio Ministerio Público quien los archivó por no encontrar motivo de denuncia.
Pero el Alcalde ha querido ir incluso más allá. “Siempre he mantenido, y lo sigo haciendo, que de haber cometido algo sería una irregularidad administrativa que, en su caso, debería resolverse por vía de los contencioso, nunca por lo penal”.
Miguel Ángel Santamaría ha resaltado que “lo que quiero que quede muy claro es que nunca se ha actuado contra Derecho y que siempre se concedieron esas licencias sobre la base de no perjudicar ni a los vecinos ni a la Administración. Siempre actúo en defensa de los vecinos y velando por el interés general y siempre de buena fe, siempre, y quien diga lo contrario, miente”.
Respecto a los 16 presuntos delitos urbanísticos cometidos, el Alcalde ha querido destacar varias cuestiones:
1.- Siempre ha habido total transparencia para que los expedientes fueran consultados, por supuesto y como no podía ser de otra forma, por los grupos de la oposición.
2.- Si los casos motivo de las denuncias no se han hecho públicos -publicándolos, por ejemplo, a través de la página web del Ayuntamiento- es porque en los expedientes aparecen datos personales que no se pueden hacer públicos por la Ley de Protección de Datos. El Ayuntamiento nunca ha ocultado esos expedientes ni ha entorpecido su consulta, a pesar de lo que digan algunos partidos de la oposición.
3.- La mayoría de los que solicitan las LPO motivo de las denuncias son vecinos particulares o pequeñas empresas. 4.- En la inmensa mayoría de los casos, los informes técnicos desfavorables se han basado en excesos de escasa importancia (centímetros) de alturas o dimensiones de las viviendas o alguno de sus elementos, no significando esosexcesos ningún perjuicio para el bien común que representa el suelo público.
5.- En muchos de los casos, la solución dada por esos mismos técnicos era la demolición de las viviendas, a pesar de la nimiedad (exceso de centímetros) de la infracción notificada.
En cuanto al Recurso de Reforma interpuesto contra la decisión del Juzgado de Instrucción de abrir un procedimiento abierto, el Alcalde de Colmenar Viejo ha destacado que se basa, fundamentalmente, en defender que no se ha cometido ningún delito de prevaricación (por las características de los casos denunciados y en base a diferentes sentencias); que se ha aplicado el principio de proporcionalidad en todos ellos (como manda la Ley); en la irrelevancia penal de los hechos, según el TSJM; y en la no concurrencia de los elementos que lo definirían como delito continuado.
“En este sentido, me gustaría resaltar un detalle. Es el propio Ministerio Público quien reconoce que, aisladamente, cada uno de los actos denunciados no constituye delito. Yo hago una reflexión: si, por separado, cada uno de los 16 actos no es un delito ¿cómo puede decirse que la suma de no delitos da lugar a un delito continuado?”, mantiene el Alcalde.
Por ultimo, Miguel Ángel Santamaría ha querido dejar claro también su total y absoluta disposición, “como siempre lo he hecho”, a colaborar con la Justicia para que se resuelvan cuanto antes estas denuncias.
Al mismo tiempo, Santamaría ha pedido también a los Tribunales su colaboración para que le ayuden a cortar de raíz, y de una vez por todas, la campaña de acoso y derribo y de desprestigio hacia su persona que está sufriendo desde hace varios años y en la que se enmarca este proceso.
“Hay que recordar que estas 16 denuncias se sustentan en denuncias anónimas de una o varias personas que, a cualquier precio, quieren tirar por tierra mi honor y mi gestión al frente del Ayuntamiento, estando dispuestos a dañar también el nombre de Colmenar Viejo, que es también lo que más me duele”, ha aseverado el Alcalde.