La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha comparecido esta tarde ante la Comisión Constitucional del Senado, donde ha querido destacar el carácter “progresista y reformista” del Gobierno de coalición.
Para la vicepresidenta se trata de dar una respuesta para nuestro país “en la dirección de fortalecer los servicios públicos, reforzar el quebrantamiento que ha sufrido el estado de bienestar por la anterior crisis, la ampliación y mejora de derechos y libertades, y el compromiso fructífero e ineludible de la pertenencia a Europa”.
Calvo ha defendido que se trata en definitiva, “del sostenimiento de una economía que equilibre las relaciones de cohesión social y el necesario desarrollo económico” y ha añadido que “habrá que hacerlo, además, afrontando la transformación de nuestro propio modelo económico con los compromisos medioambientales, en una transición justa a la que los jóvenes ya denominan justicia climática”. Todo ello, ha subrayado, siempre “con el compromiso inexorable de cualquier sociedad y de cualquier sistema político democrático con la igualdad, particularmente, la igualdad entre hombres y mujeres”.
Necesidad de diálogo
La vicepresidenta ha señalado, durante su intervención, que el Gobierno “una vez superada la crisis y atravesada esta pandemia, tendrá que tomar muchas decisiones que van a necesitar mucho diálogo, mucha capacidad de encuentro y mucha capacidad de pacto”. Para la vicepresidenta nadie puede estar en condiciones de pensar “que puede imponer estrictamente su voluntad” y que está “en posesión de ninguna razón cerrada o de la verdad absoluta”. “Nunca ha sido así”, ha matizado “pero ahora va a ser menos que nunca”.
Estado de alarma
Carmen Calvo ha explicado que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno “ha tratado por todos los medios de seguir el camino indicado por los técnicos, por los científicos, para proteger la salud de los ciudadanos y la capacidad de reacción del Sistema nacional de Salud en cualquier lugar del territorio”.
En este sentido ha destacado que decretar el estado de alarma en nuestro país “no es un proyecto político”, se trata de “otorgarle al Congreso de los Diputados la potestad de autorizarnos, sí o no, poder tomar decisiones que constriñen derechos fundamentales”, ha añadido. “Solamente el Congreso puede dar semejante instrucción limitativa porque jurídica y políticamente no había otra opción”, ha aseverado.
Control al Gobierno
La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno ha estado en todo momento sometido al escrutinio del Congreso de los Diputados. “El estado de alarma ha sido utilizado para poder poner en marcha todos los mecanismos científicomédicos que nos exigían los expertos para parar la movilidad, y por tanto la extensión de la pandemia”, ha asegurado.
“Era la única fórmula verdaderamente garantista y rigurosa de los derechos de los españoles, sabiendo que ninguna otra autoridad por ninguna otra vía que no fuera el control del Congreso de los Diputado ofrecía más garantías para poderle decir a los ciudadanos que no se pueden mover”, ha afirmado, y ha añadido que en el contexto europeo el Gobierno de España “ha sido el más sometido al control parlamentario”. En este sentido, Calvo ha recordado que el presidente ha comparecido cada 15 días para rendir cuentas.
Proyectos legislativos
Carmen Calvo ha expresado la intención del Gobierno de llevar a cabo un ambicioso programa legislativo: “Son proyectos de transformación y reforma legislativa que vendrán muy rápido, algunos de ellos ya han iniciado su trámite en el Congreso de los Diputados”, ha informado.
Unas reformas que estarán orientadas, “a preparar a nuestro país ante el cambio climático, fortalecer la igualdad y reforzar los servicios públicos y el estado de bienestar», ha dicho . En este momento, ha subrayado, todos los españoles han podido ver como “la protección viene del Estado y de las políticas públicas”.
Luto nacional
Sobre las personas que han fallecido a causa del COVID-19, la vicepresidenta ha informado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “anunciará el decreto de luto nacional para poder despedir a las víctimas de esta pandemia y rendirles los honores que corresponden cuando terminemos el periodo de desescalada”. El Gobierno lo hará, “de la mano de las CCAA» ha concluido.