Colmenar Viejo solicitará al Gobierno revisión inmediata Ley del “solo sí es sí”

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El Partido Popular de Colmenar Viejo ha contado con el apoyo del Pleno Municipal de Colmenar Viejo para solicitar al Gobierno de España la revisión inmediata, y por procedimiento de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.


“Hoy han demostrado, una vez más, que a la izquierda solo les mueve la defensa de su gobierno, y pese a todo mucho que se les llena la boca con el feminismo, la realidad es que si no se actúa corrigiendo este bochorno de ley, se va a seguir condenando a mujeres a que sus agresores, delincuentes juzgados o los que en el futuro comentan estos delitos, salgan de rositas por errores garrafales en la redacción del texto promovido por la ministra Irene Montero, y validado por Pedro Sánchez y todo el consejo de ministros ”, ha explicado Rocío Cámara Pellón, portavoz de Igualdad del Grupo Municipal Partido Popular.
La moción ha sido debatida en Comisión Informativa, elevada al Pleno y debatida y aprobada por 12 concejales de los 21 que componen este órgano.

Texto de la moción:
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO AL PLENO, PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/2022
El Grupo Popular Municipal Colmenar Viejo, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. En esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían, en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales.

Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por esto tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo del artículo 2.2 del Código Penal.

Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, avisó al ministerio de lo que ocurriría: “la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente”.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 16 de noviembre de 2022 exponiendo que “este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad”. Y reiteró lo indicado antes de su aprobación: “el informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’. A pesar de que, en el informe preceptivo, se advirtió al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación, el Gobierno ignoró la advertencia-
Desde otros cuatro organismos también alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de este Ley. El primero, fue el Consejo Fiscal que expresó que «va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo».

El segundo fue el Consejo de Estado que solicitó mejoras en el texto: «La redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso».

El tercero fue el Consejo Económico y Social (CES), donde alertaron que «se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos».

La cuarta advertencia llegó desde la Agencia de Protección de Datos: «No existen garantías específicas que requiere el Reglamento General”. Sin embargo, todas ellas, no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno.

A ello se suma que el texto de la ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno, donde se encontraban varios jueces como Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska.

La entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de decenas sentencias. Un centenar más está en la misma situación, tan solo en la Audiencia Provincial de Madrid. Podemos suponer que en las otras Audiencias se esté solicitando la revisión de un número similar de condenas.

A fecha 1 de diciembre, habían sido, al menos, 130 condenados los que se habían visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma. Y 11 personas habían sido excarceladas.

Al Tribunal Supremo le ha llegado el primer caso para que revise una sentencia tras la entrada en vigor de la Ley 10/2022. Se trata del conocido caso de los exjugadores del Arandina. En aplicación de la nueva ley, la pena ha sido inferior a la que se hubiera producido con la norma anterior. El Tribunal Supremo considera que se podría rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales con la nueva ley, pero debe analizar caso a caso.

Las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, la rebaja en las penas de prisión e incluso órdenes de excarcelación está provocando una importante alarma social entre la población. Incluso la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, en una entrevista admitió “la alarma social y la preocupación” existente tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual.

El ministerio de Igualdad prefirió seguir elogiando la ley, que consideran magnífica, en palabras de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Mientras que la ministra María Jesús Montero anunció el 15 de noviembre, contradiciendo a las responsables del ministerio autor de la ley, que están dispuestos a revisar el texto para impedir evitar que los condenados de carácter sexual vean reducidas sus penas.

Un abogado, en declaraciones recogidas por un medio de comunicación, afirmó que “el mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Ha vaciado de contenido el delito de abuso sexual sin contemplar todas las derivadas que podía ocasionar. En este caso, mi defendido se ha beneficiado claramente al aplicarse la nueva normativa».

El Partido Popular solicitó en el Pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno de la Nación procediese a la revisión y rectificación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual para evitar la reducción de penas que se están aplicando a violadores.
Esta iniciativa fue rechazada por PSOE, Podemos y por otros partidos como ERC, PNV y EH Bildu.

Por otra parte, solicitamos al Gobierno de España de PSOE y Podemos que deje de insultar a los jueces que solo aplican esta Ley, así como que respeten la independencia judicial y la separación de poderes.

Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO,

PRIMERO.-  Instar al Gobierno de España a la inmediata revisión, por la vía de urgencia, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación.

SEGUNDO.-  Dar traslado de este acuerdo a  Presidencia del Gobierno, a los ministerios de Justicia y de Igualdad, y a la Mesa del Congreso y del Senado.