El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en 2023 un total de 1.865 asuntos por un importe de 7.110 millones de euros. Esta cuantía se ha destinado, especialmente, a mejorar y reforzar los servicios públicos sociales y sanitarios dirigidos a atender a las personas más vulnerables, impulsar el sector económico y empresarial o avanzar en la digitalización de la Administración.
Según el balance de la actividad del Consejo de Gobierno, del total de asuntos, 1.357 se refieren a acuerdos, 230 informes, 273 decretos y cinco acuerdos de proposición o proyecto de Ley. La mayor parte de las actuaciones corresponden a las áreas de Asuntos Sociales (360), Sanidad (286) y Economía, Hacienda y Empleo (269). En Medio Ambiente, Agricultura e Interior se ha dado luz verde a 234 iniciativas; en Vivienda, Transportes e Infraestructuras a 176; en Educación, Ciencia y Universidades, un total de 163; las relativas a Presidencia, Justicia y Administración Local suman 142; Cultura, Turismo y Deporte, 129; y en Digitalización, 106.
Durante el año 2023 se aprobaron cinco proyectos de Ley, como el de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2024, que cuentan con un récord histórico para la Sanidad regional, superando la barrera de los 10.000 millones de euros, y también del gasto social, que sube más de 3.100 en relación con las anteriores cuentas.
En el ámbito económico, también se ha dado luz verde a dos normativas para la deflactación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Con esta medida se beneficiará a los 3,5 millones de contribuyentes madrileños y producirá un ahorro de 153 millones de euros, que se añade al generado en 2022 por la misma iniciativa para alcanzar 350 millones.
En materia de Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Economía Circular que refuerza la mejora del medio ambiente, reduce la burocracia sin añadir tasas o impuestos e implanta un nuevo sistema productivo más eficiente para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Por último, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a la Ley para la creación de la Agencia de Ciberseguridad, con el objetivo de blindar a la Administración de ataques informáticos. El nuevo organismo propondrá e impulsará el uso de soluciones de prevención, detección y respuesta ante las amenazas en redes y fomentará el emprendimiento del ecosistema empresarial del sector.