La Comunidad de Madrid ha implantado, desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), medidas de carácter extraordinario con el objeto de proteger la salud laboral de los funcionarios de la Administración de Justicia y el resto de empleados públicos, así como de los ciudadanos que tienen que visitar alguna de las 70 sedes judiciales de la región.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, acompañado por la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha visitado ayer la sede de Plaza de Castilla para comprobar in situ, las medidas de seguridad laboral adoptadas por el Ejecutivo regional en las infraestructuras judiciales.
Tal y como ordenó el Ministerio de Justicia, desde el 25 de mayo la actividad judicial en la región se encuentra en la fase 2 de la desescalada, lo que significa que hasta un 70% de la plantilla se ha incorporado al trabajo. Previsiblemente, la próxima semana se pasará a la fase 3, con el 100% de la plantilla presencial.