El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios acuerdos para garantizar la atención especializada y gratuita de personas con discapacidad en recursos residenciales y diurnos repartidos por toda la región. El importe global supone una inversión de 71,7 millones de euros, cantidad que permite mantener el funcionamiento de 1.454 plazas.

Así, se ha autorizado la celebración de siete contratos derivados del Acuerdo Marco que fija las condiciones para la atención a personas adultas con discapacidad intelectual y trastornos graves de conducta asociados en residencias. Son 779 plazas y una inversión de 57.381.855 euros durante dos años, entre el próximo 1 de noviembre y el 30 de octubre de 2024.

Los usuarios tienen entre 18 y 65 años en diferentes situaciones de dependencia, con discapacidad intelectual y graves alteraciones de conducta que pueden suponer una amenaza para su propia seguridad o la de los que les rodean, por lo que presentan grandes necesidades de apoyo. En los centros se les proporcionan alojamiento, manutención y una atención psicosocial orientada a la mejora de su autonomía personal y de su calidad de vida, promoviendo su integración.