El 1 de julio de 2015 se introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable, un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno en Gobiernos de todo tipo de corte político, y que tiene un perfecto encaje penal en nuestro modelo jurídico. De hecho, la norma no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena “un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del condenado y del delito cometido y podrá revisar su situación”.
El propio texto de la ley deja claro que la pena de prisión permanente revisable “no constituye una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”.
Es más, la prisión permanente revisable es una pena extraordinaria para supuestos de extrema gravedad tales cómo asesinatos de menores de dieciséis años o menos vulnerables, asesinatos tras violaciones, asesinatos cometidos por miembros de organizaciones criminales, terrorismo con resultado de muerte o delitos de lesa humanidad.
Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. El 4 de octubre de 2016 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría de los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la Proposición no de Ley para la Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable.
Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre fue admitida a trámite una Proposición de Ley de Modificación de la L.O. 10/1995 del Código Penal, que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular.
Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles con el fin de compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las penas de prisión en nuestro país. Por todo ello, PP Sanse presentará este jueves una moción al respecto en el pleno municipal.
La iniciativa de PP Sanse propone el apoyo del pleno a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable; y dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y de la Asamblea de Madrid y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
“Hay casos en los que está muy claro que debe aplicarse la prisión permanente revisable. No puede ser que en 15 años esté en la calle una persona que ha secuestrado, violado y asesinado a otra, o un terrorista que ha matado indiscriminadamente a varios inocentes en un país avanzado como el nuestro. Un gran segmento de nuestra sociedad la reclama y es incomprensible la postura de algunas formaciones políticas que hacen gala de un discurso demagógico que lo que no busca es hacer justicia ante la barbarie.
Frente a los asesinos, cómo no podía ser de otra manera, en el Partido Popular nos posicionamos del lado de las víctimas y de sus familias exigiendo justicia”, asegura la portavoz y secretaria general de PP Sanse Lucía S. Fernández.
Partido Popular San Sebastián de los Reyes. @ppsanse