Con fecha 20 de enero de 2020 el Grupo Municipal Popular presentó para su debate y aprobación en el próximo Pleno Ordinario la moción «CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL TAGARRAL» para «conocer la motivación que llevó al Gobierno Municipal de 1987 a modificar un Planeamiento sobre el que existía una sentencia judicial, y, además, conocer las acciones llevadas a cabo desde entonces y depurar responsabilidades».
Para los socialistas colmenareños lo primero que hay que destacar es que en 1987 se acometió una revisión del PGOU y estas revisiones son competencia del Pleno Municipal, decisiones que además deben estar motivadas. Si el Grupo Popular pretende conocer las motivaciones de dicha revisión puede leerse la Memoria del Plan de 1987 y conocer su motivación. Lo que no cabe exigir, y menos transcurridos 32 años, es una explicación pormenorizada de cada decisión, bastando que se expliquen y justifiquen las grandes líneas del PGOU, tal y como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Por todo lo anterior, y por los 32 años transcurridos, no parece ni oportuna ni necesaria la creación de la Comisión de Investigación para conocer la motivación del PGOU de 1987 aprobado por el Pleno. Sobre las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento desde 1987.
En segundo lugar, la moción del Grupo Popular afirma que la creación de la Comisión permitirá conocer todas las acciones llevadas a cabo desde 1987 hasta la actualidad en este asunto que va a suponer un importante desembolso económico a los colmenareños.
Sorprende esta afirmación dado que en el boletín de información municipal “Al Día”, en su número de enero de 2020, ya se hace un «Relato histórico de El Tagarral». Parece que por medio de esta Comisión se pretende hacer “oficial” este relato, que no es otro que el interesado del alcalde y que ya se ha procurado de difundir utilizando medios y presupuesto municipal para ello.
En conclusión, parecen evidentes las acciones que se han llevado a cabo por parte de la administración colmenareña a lo largo de estos 32 y no parece prudente crear una Comisión de Investigación para realizar el relato oficial que pretende el Sr. alcalde. No es baladí resaltar que desde al menos el año 2003 el Ayuntamiento conoce la condena que pesaba sobre las arcas municipales sin