El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Archivos y Documentos que se remite ahora a la Asamblea regional para su tramitación parlamentaria. El nuevo marco normativo que propone el Ejecutivo autonómico situará a la administración pública madrileña entre las más punteras en lo que se refiere a la gestión de sus documentos y archivos, convirtiéndolos en una herramienta esencial para la transparencia administrativa.
Según la futura ley, los documentos públicos se han de conservar y tratar convenientemente en cuanto que resultan imprescidibles para la buena gestión, son garantes de obligaciones y derecho, y permiten escrutar las actuaciones de los administradores y sus responsables. Así, se establece como obligación para todas las administraciones contar con una política para un tratamiento que asegure la creación de aquellos que sean necesarios, su uso, conservación y servicio.
Además, la regulación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte alcanza a todo tipo de formatos, especialmente el electrónico, superando la asignatura que quedaba pendiente con la legislación vigente, aprobada hace más de dos décadas, que no contempla la administración digital. En este sentido, la norma otorga a estos formatos las características de autenticidad, fiabilidad, accesibilidad y trazabilidad indispensables para que cumplan su función testimonial como evidencias, y que deberán ajustarse a los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad, así como a las reglas técnicas que los desarrollan.