La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Gobierno autonómico revisará de “forma pormenorizada y urgente” el contenido de los nuevos libros de texto para el próximo curso 2022/23 a través de un plan especial que llevará a cabo el Servicio de Inspección Educativa autonómico. El objetivo es evitar “el adoctrinamiento” en las aulas a través de este material escolar, tal y como se desprende de los borradores del curso que viene tras la entrada en vigor de la ley educativa estatal LOMLOE.

“Pretenden cambiar el mundo de Sofía por el mundo de Sánchez a través de la educación. Vamos a trabajar para acabar con el adoctrinamiento que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente como hemos visto en estos días, con los libros de texto”, ha indicado la presidenta en Jerez de la Frontera.

En este sentido, ha explicado que es una orden que se va a dar a la Inspección educativa para solicitar la retirada de todos aquellos “que contengan material sectario”. La supervisión de estos y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y la Administración debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y lo dispuesto en la ley.

Tras la inspección, en caso de observarse falta de adecuación a lo establecido en la Ley, se procederá a solicitar aclaraciones o rectificaciones a los responsables editoriales, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran incurrir. La Comunidad de Madrid entiende que los libros de texto deben adaptarse al rigor científico, ser adecuados a las edades de los alumnos y al currículo.

Asimismo, el Gobierno regional va a solicitar de manera formal al Ministerio de Educación y Formación Profesional una reunión urgente de la Conferencia sectorial de Educación ante la alarma social generada al conocerse los borradores de los libros de texto que estarán en las aulas a partir del próximo curso.

En esta solicitud, la Comunidad de Madrid va a pedir el retraso de la entrada en vigor de los currículos educativos, como ya ha hecho hasta en otras tres ocasiones anteriores. En este sentido, critica que el Gobierno de España haya tardado más de un año en aprobar la parte que le corresponde de los currículos, el 60%, dejando escaso margen de tiempo a las comunidades autónomas para completar la suya, el 40%.

Solicitud de amparo a Europa

Además, Díaz Ayuso también ha avanzado que el Ejecutivo regional solicitará amparo a las instituciones europeas por el menoscabo que supondrá esta situación para los alumnos; y que se pedirá una reunión a los representantes de la Asociación Nacional de Editores de libros y material de Enseñanza (ANELE) para abordar diversas cuestiones sobre la edición e impresión de libros.