- Félix Bolaños ha defendido ante el pleno del Congreso ambas
normas, y ha subrayado su importancia para que el modelo
económico y social siga combinando crecimiento económico y
justicia social
• Con la aprobación de estas medidas, se cumple el compromiso
asumido con Bruselas, de manera que España podrá recibir el
cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un
importe de 10.000 millones de euros
El pleno del Congreso de los Diputados ha
convalidado este miércoles dos Reales Decretos-ley que reforzarán la
protección a ciudadanía y empresas frente a las consecuencias de los
conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, e impulsarán la transformación
digital del servicio público de Justicia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix
Bolaños, ha defendido ambas normas ante el pleno, que se ha reunido en
el Palacio del Senado.
Mejora del servicio público de Justicia
Las actuaciones incluidas en el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se
aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia,
función pública, régimen local y mecenazgo, forman parte de los objetivos
e hitos comprometidos con Bruselas para la recepción de los fondos
europeos. Su aprobación permitirá a España recibir el cuarto desembolso
de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de
euros.
Félix Bolaños ha señalado que se trata de la reforma de la Justicia más
ambiciosa en décadas, un auténtico impulso reformista mediante el cual
se materializan consensos políticos y sociales sobre la necesidad de
digitalizar y modernizar este servicio público para hacerlo más ágil, eficaz
y volcado en la ciudadanía.
La norma desarrolla, entre otros aspectos, acciones para adaptar el
servicio al marco tecnológico y digital actual, a fin de garantizar el derecho
de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de
Justicia por medios electrónicos, con especial atención a las personas con
discapacidad. Entre estas medidas se incluye la generalización de la
celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación
de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los
expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa
para ser atendida.
Función pública, régimen local y mecenazgo
El Real Decreto-ley también recoge actuaciones de reforma de la función
pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo
público, como la planificación estratégica de los recursos humanos, la
evaluación del desempeño y su vinculación con el complemento salarial y
con la provisión de puestos, la carrera horizontal o la regulación de la figura
del directivo público profesional.
En materia de Administración Local, incluye medidas para acelerar y
ampliar el despliegue de los servicios públicos locales también a través de
medios digitales, apoyando a los municipios pequeños en la prestación de
los servicios.
Respecto al mecenazgo, la norma introduce, entre otros aspectos, mejoras
a los incentivos fiscales.
Proteger a la ciudadanía, combinando crecimiento y justicia social
En la intervención de defensa del Real Decreto-ley 8/2023 por el que se
adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales
derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el ministro ha
señalado que la norma es absolutamente necesaria y representativa de
una forma de hacer política que combina el crecimiento económico con la
justicia social, el empleo y el bienestar.
Se trata de un paquete de actuaciones que supone la movilización de 3.800
millones de euros adicionales para proteger a familias, personas
trabajadoras y empresas mediante reducciones fiscales, ayudas directas y
bonificaciones. Entre ellas se encuentra la prórroga de la rebaja del IVA de
alimentos básicos y de primera necesidad. Se extienden además las
rebajas fiscales en electricidad, gas natural y pellets, briquetas y leña, así
como la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a
los consumidores vulnerables.
Incluye la revalorización de 11,8 millones de pensiones y prestaciones para
2024. Las pensiones contributivas subirán un 3,8% y las pensiones
mínimas, no contributivas, y el ingreso mínimo vital lo harán un 6,9%.
También prorroga de manera indefinida los impuestos a los beneficios
extraordinarios de la banca y las empresas energéticas, así como a las
grandes fortunas. Figuras tributarias que, según el ministro, han cumplido
con eficacia el objetivo de avanzar en un sistema fiscal más progresivo,
justo y redistributivo.
Asimismo, contempla la ampliación -hasta 38.000 euros- del umbral para
que las familias de renta media puedan acogerse a las medidas de alivio
hipotecario, así como la eliminación de las comisiones por retirada de
efectivo en ventanilla para las personas mayores de 65 años o con
discapacidad.
Finalmente, recoge actuaciones para afrontar los efectos de la sequía y
para prorrogar las ayudas a las personas afectadas por la erupción del
volcán de la isla La Palma, así como disposiciones para el fomento de las
energías renovables y la competitividad de la industria, incluido el
autoconsumo, y mayor protección para los investigadores.