El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo ha aprobado un nuevo estado de alarma para toda España durante 15 días y que previsiblemente podrá prolongarse durante los próximos seis meses si el Congreso lo aprueba. No será como el de marzo, sino mucho más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de abril.
El acuerdo de Gobierno implica un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Además del confinamiento nocturno, se establece la restricción de reuniones sociales y la prohibición de ir de unas comunidades autónomas a otras salvo causas justificadas como ir al trabajo o al médico. La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo.
También se ha acordado que el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.
Desde el Gobierno aseguran que «no se tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta» pero si consideran que un «confinamiento nocturno» -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios.
La mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más complicado y se opta por la fórmula de controlar el movimiento en las calles como «medida más eficaz». El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.
Muchas comunidades autónomas han pedido oficialmente que se decrete el Estado de Alarma en sus regiones y que se aplique esta norma constitucional para contener el virus. Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular no se han pronunciado hasta ahora para dar un apoyo explícito al Estado de Alarma. Dos gobiernos regionales socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito en las últimas 48 horas.