Es difícil llegar a imaginar el sufrimiento que puede llegar a sentir una persona a la cual se le arranca un hijo o hija de su vida, y más si es con una crueldad y sinrazón tan extrema como el de casos, recientes o pasados, que por desgracia tenemos muy presentes.
Pero la venganza no es justicia, no al menos la justica en un Estado democrático y moderno como queremos que sea España. El sufrimiento de las familias, que nunca más verán a sus seres queridos, es entendible y legítimo.
Lo que no es permisible ni legítimo es, como hace el PP, tratar de usar el dolor de una familia y la empatía de la sociedad para salvar la llamada “prisión permanente revisable” (“cadena perpetua encubierta” sería un nombre más adecuado) que aprobaron en solitario cuando tenían una mayoría absoluta que ya no existe.
Los representantes de la mayoría de la sociedad española, el Consejo General de la Abogacía, las asociaciones de jueces y fiscales, activistas de derechos humanos y un largo etcétera de figuras relevantes piensan que la cadena perpetua encubierta no solo es inútil, sino que es inconstitucional.
Precisamente el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa desde hace más de dos años y medio, sin que haya dicho “esta boca es mía”. A este paso llegará antes la derogación parlamentaria y el PP se ahorrará un nuevo bofetón del TC, como en la amnistía fiscal y las indemnizaciones millonarias por el depósito de gas Castor, ambas declaradas inconstitucionales, aunque nadie haya devuelto el dinero o, al menos, dimitido… paradojas de los autodenominados “constitucionalistas”, que no dudan en pisotear nuestra carta magna si se trata de entregar el dinero de todos y todas a ricos y poderosos.
Todo el que sabe algo de criminología, derecho penal o reinserción está de acuerdo: ni la cadena perpetua, ni sus sucedáneos, es eficaz para evitar la comisión de delitos. Dejando aparte hechos objetivos como que España tiene una tasa delictiva relativamente moderada, y que nuestra legislación es más dura con los delitos que comenten los estratos más bajos de la sociedad (está más penado robar una gallina para comer que defraudar mil millones de euros), es una obviedad que los países con penas muy duras (el paradigma son los EEUU) no son más seguros ni se cometen menos delitos. ¿Cómo se previenen los delitos? Invirtiendo recursos en educación, políticas sociales, prevención… pero el PP de eso no quiere ni oír hablar, porque choca con su afán depredador de lo público y porque no sacia la sed de “mano dura” que le reclama cierta parte de su electorado.
En definitiva, si el PP quiere prestar un servicio a la justica, y de paso a la sociedad, podrían empezar por luchar contra la corrupción, que tiene mucha y muy cerca. Ayudar a identificar al misterioso “M. Rajoy”·que aparece como receptor cientos de miles de euros de sobornos según los papeles de Bárcenas, por ejemplo, sería un servicio que nadie podría calificar de demagógico o interesado.
Javier Heras. Portavoz Municipal de Ganemos Sanse. @JaviHerasv