Nuevo Imparcial.- El PSOE presentó una propuesta en el Pleno de la Junta del Distrito Fuencarral-El Pardo que fue rechazada por el Partido Popular y apoyada por el resto de grupos de la oposición (IU-Los Verdes y UPyD). En ella se pedía paralizar el desalojo, notificado el pasado 2 de abril, de 12 familias que viven en un “asentamiento” del barrio de Valverde, hasta que no se les “garantice” el acceso a una vivienda social a través del Programa de Viviendas Solidarias de la Ciudad de Madrid, del IVIMA o del Fondo Social de Vivienda del Gobierno de España. Pedro Zerolo, portavoz del grupo municipal socialista recordó que existen acuerdos internacionales en cuanto a Derechos Humanos y pidió que se sigan las recomendaciones que marca el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Se trata de una extensa familia gitana que lleva más de diez años afincada de forma irregular en unos terrenos próximos a la calle Antonio Cabezón (Barrio de Valverde), donde se han criado varias generaciones y ahora los más pequeños acuden al colegio público Vasco Núñez de Balboa, sobre el que pesa una orden de cierre para el curso que viene. “Creemos que es nuestra obligación apoyar y proteger a nuestros vecinos en casos de intervención social y en el caso de estas 12 familias, antes de ser desalojadas se les tiene que facilitar y garantizar una vivienda social”, manifestó Pedro Zerolo. Manuela, española, madrileña, 28 años casada con Humberto, desempleado y que no recibe subsidio alguno, tienen cuatro hijos menores de 9 a 4 años, uno de ellos con discapacidad. Sobrevive gracias a esa renta mínima de inserción. El portavoz socialista ha pedido que se actúe desde la Junta del Distrito “porque recursos hay y existen convenios con el Ayuntamiento en esta materia”. Zerolo lamentó que si estas 12 familias no entran dentro de ninguno de estos programas “una de dos, o los programas no sirven para nada o son mentira. Es nuestra obligación cumplir y hacer cumplir la ley pero también intervenir en defensa de los vecinos”. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en materia de Servicios Sociales recordó que esta situación debe ser abordada de forma “coordinada” y que desde hace tiempo se viene trabajando desde el punto de vista urbanístico y de servicios sociales para evitar asentamientos ilegales y poblados chabolistas. “Desde el año 2009 las familias han presentado recursos administrativos para evitar el desalojo. No entendemos la falta de apoyo comparando con otros casos que se han llevado en este distrito. A fin de prevenir y erradicar los asentamiento ilegales en este distrito. Me parece que a ustedes no les interesan las personas sino hacer daño político porque de las demás familias que han sido desalojadas de otros asentamientos ustedes no han dicho nada”. El portavoz de UPyD, por su parte, ha dado el voto a favor al PSOE entendiendo que estas familias necesitan antes que se les facilite una solución, una salida para que pasen a una tener una vida “mejor” de donde han vivido desde hace once años. Asimismo entienden que la “propiedad del terreno no es suya y debe respetarse al propietario”. Desde UPyD afirman a favor de erradicar el “chabolismo” pero a la vez respetar los “derechos humanos” y piden “tiempo” para llevar a cabo el desalojo. Igualmente desde IU-Los Verdes piden una “alternativa” a estas familias “porque con este desalojo solo se va a trasladar el problema a otro sitio y buscarán otro lugar de manera nómada”. Reconocen que es un “asentamiento ilegal” y piden que se les realoje en otro lugar “porque entonces se solucione el problema”. El concejal del Distrito, José Antonio González de la Rosa (PP), explicó que el asentamiento está sobre unos «terrenos privados», ubicados en la llamada Operación Chamartin, que pertenecen a varios propietarios y que no queda más remedio que hacer cumplir la Ley. También reiteró que “para nosotros todos los casos son personas y no hacemos distinción de ningún tipo por su condición personal o de raza”, aclarando que un desahucio no es igual que un desalojo. Por último explicó que en Madrid hay miles de familias que están recibiendo intervención social como es el caso de esta familia que estuvo presente en el Pleno de ayer y que “en todo momento”, desde el área de Servicios Sociales se les está informando de los trámites para adquirir una vivienda protegida o para recibir la ayuda del alquiler de una vivienda social “ Este desalojo se va a producir en las mismas condiciones que otros que se han llevado a cabo en este Distrito, sin distinción, como el que se produjo hace unos meses en la calle Antonio Cabezón a una familia rumana y , sin embargo, no se trajo este asunto como proposición a este Pleno”, concluyó González de la Rosa.
